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La ministra de Vivienda ha recibido hoy a los agentes del sector inmobiliario y los colectivos sociales que han participado en la elaboración del Plan 2005-2008.:
Constructores, asociaciones vecinales, sindicatos, colectivos sociales, entidades ...
| El precio de la vivienda mantiene el ritmo de desaceleración. El índice general de:
A 30 de junio, el precio de la vivienda sólo se incrementó un 13,7% respecto al mismo ...
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Resumen de Prensa sobre el sector Inmobiliario |
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(Julio 2005)
Resumen de Prensa del 4 al 8 de Julio de 2005
EL NUEVO PLAN DE VIVIENDA DEMUESTRA LA INFLUENCIA POLíTICA DEL LOBBY DEL LADRILLO.
8 de Julio de 2005
El nuevo Plan de Vivienda 2005-2008, presentado el pasado viernes como un verdadero acontecimiento por la ministra del ramo, María Antonia Trujillo, ha pasado en menos de dos semanas de ser una "desorientadora decepción" para la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid (Asprima) a recibir un apoyo explícito de la misma entidad, que afirma que el texto final aprobado por el Consejo de Ministros "ha mejorado mucho respecto a la propuesta inicial". Hay que señalar que desde 1997 el precio de los pisos ha subido un 150%; más del 50% de los ingresos familiares se destinan a la vivienda; y, según el Consejo de la Juventud, la compra de un piso exige el 57% de la nómina y 11 años íntegros de salario de los jóvenes, un 10% más de esa cifra en el caso de las mujeres.
En el reverso, el mercado inmobiliario recibe el 40% de la inversión extranjera directa, la mayor constructora española, Metrovacesa, es la segunda europea, y el mercado del ladrillo es el principal destinatario de dinero negro.
Frente a esta situación estructural, el Plan de Trujillo no indica ninguna variación política respecto a la línea legislativa y estratégica seguida por el PP e iniciada por el PSOE con el Decreto Boyer de 1985.
La vivienda-mercancia
En las últimas dos décadas, a la par que el sector inmobiliario se ha estructurado, posicionado y asentado, como elemento de vanguardia del capitalismo español, la vivienda ha pasado progresivamente de ser un derecho básico y fundamental, a ser una mercancía.
"De la misma manera que se asimila persona a consumidor, la vivienda se asimila a activo económico, sustituyendo el concepto de necesidad por el de demanda" (-(Amantes del Plagio, "La especulación del suelo y la vivienda en la metrópoli", en "Barcelona Marca Registrada, Un modelo por desarmar", ed. Virus)
La carga mayor del llamado boom inmobiliario, corresponde a la vivienda, cuyos precios suben una media de entre el 15% y el 20% anual. A eso hay que añadir el mercado de segunda residencia, copado por extranjeros en un 83%, que multiplica su peso económico en el mercado. Aún así, gran parte de la demanda de los últimos años puede calificarse como artificial, cuando señalaba en el 2002 el Instituto Nacional de Estadística "que un 10% de la demanda corresponde a la compra de segundas viviendas y un 50% a inversiones de capital sin función de vivienda" (Ruben Iban, "El negocio de la construcción en Sevilla: beneficio económico frente a necesidad", La Haine)
Por otra parte, el reduccionismo arquitectónico viene estrechamente unido al alza de los precios y a la consideración de pisos y casas como materia de consumo efímera para habitantes de corta duración o turistas.
En la polémica en torno a los pisos de 30 metros cuadrados, el altavoz mediático se ha centrado menos en las realidades que en la anécdota. En grandes ciudades, como Madrid y Barcelona, el alquiler de pisos de incluso menos de esas dimensiones, o de habitáculos cercanos a un armario, a precios desproporcionados, es algo cotidiano en barrios como La Barceloneta o Ciutat Vella (Barcelona).
El mercado de precios altos y espacios precarios para los pobres, tiene también una réplica en espacios de precios pequeños y de diseño para rentas altas y turistas. Los llamados loft, estudios de diseño de entre 30 y 40 metros cuadrados, que en Barcelona alcanzan una media de 600 euros mensuales si hablamos de un alquiler fijos. Una cifra que se multiplica por cuatro, si el espacio se alquila a turistas en días sueltos.
Muchos son el resultado de la división en dos de viviendas de mayores dimensiones, y la inmensa mayoría no ha contado con permisos de obras ni cuentan con la célula de habitabilidad.
Así, los llamados minipisos, cuya polémica supuso la primera piedra en el camino del plan, supone menos una innovación legislativa que la normalización de una práctica altamente lucrativa. Según un estudio de la Asociación de Promotores y Constructores de Edificios de Barcelona, son las viviendas de una o dos habitaciones las que han sufrido una reducción mayor de superficie, y un mayor aumento de los precios.
Beneficios empresariales y violencia inmobiliaria
Esa conversión de la vivienda en una fuente de negocio de primer orden, ha provocado el aumentoo de nuevas formas de violencia empresarial, concentradas en zonas de crecimiento y transformación urbanística, que han pasado de tener una población estable de escasos recursos económicos y escasas o nulas infraestructuras de escala barrial, a un supermercado no solo en el ámbito urbanístico e inmobiliario, sino también en otros como el turístico o el comercial.
En el caso de Barcelona, donde el pasado año el Ayuntamiento de la ciudad, se vio obligado a abrir una oficina contra el acoso inmobiliario, denunciada a estas alturas como inoperante por los agentes sociales, se produjeron en el último año 230 denuncias por sabotajes, amenazas, obras de empeoramiento de los edificios o abandono.
La legislación sobre vivienda y suelo
Desde la Ley Boyer aprobada en 1985, los derechos de los inquilinos han mermado hasta el punto que la legislación española es actualmente la menos proteccionista de Europa en esta materia. La agilización de los procesos de deshaucio, la supresión de la segunda subrogación (traspaso del alquiler de padres a hijos), la dura penalización de alternativas sociales como la ocupación, y la desregulación de los precios, son algunos de los aspectos desarrollados en distintas etapas y ámbitos legales, a lo largo de las últimas dos décadas.
"El objetivo declarado del Decreto Boyer y de las LAU (Ley de Arrendamientos Urbanos) sucesivas era hacer ¬aflorar los pisos vacíos para fomentar el ¬mercado de alquiler¬. El resultado fue el contrario: el parque de pisos de alquiller cayó del 40% en 1960 a sólo el 15% en 2001" ("Algunos apuntes sobre la especulación y violencia inmobiliarias", Coordinadora contra la especulación del Raval - Barcelona -).
El gobierno Zapatero anunció en su momento la cuestión de la vivienda, como un elemento a convertir en política de estado, mediante un Pacto por el Suelo, la creación de una agencia estatal para el alquiler, o un Libro Blanco sobre Edificación Sostenible. A estas alturas, toda esa serie de medidas quedan reducidas al texto de Trujillo.
La agencia estatal, presentada hace ahora tres meses por el gobierno, además de generar polémica con el Govern de la Generalitat, no presentaba elementos de protección para los inquilinos. Al contrario, garantizaba el deshaucio en caso de impago, ofreciendo a la propiedad una un atajo extrajudicial.
En lo que toca a las medidas concretas del Plan, da la impresión que algunos de sus elementos ya estaban llamados a ser eliminados a priori. En el caso de las Viviendas de Protección Oficial, que el borrador consideraba legalmente irrecuperables para el mercado libre (sin precio tasado ni limitado), ahora podrán venderse al cabo de 30 años.
Es importante señalar que una práctica habitual de las promotoras consiste en recuperar las VPO en su fecha de caducidad como tales, para devolverlas al mercado.
En este sentido, aunque la llamada vida util de la VPO pasa de 15 a 30 años, la variación temporal se compensa con un aumento oficial del 3% en el precio de la vivienda protegida, pero que en términos reales supone "una medía del 34% para el régimen especial, del 15% para el régimen general y del 30% para el de vivienda libre de segunda mano.
Esta subida, que fue bien acogida por la Generalitat de Catalunya, fue rechazada por el Viceconsejero del Gobierno Vasco, Javier Dean: "aporta un beneficio excesivo al promotor", dijo Dean, previendo un aumento del 53% de los precios en la Comunidad Autonoma Vasca.
A la vez, el gobierno ha creado un nuevo tipo de vivienda protegida para rentas medias (altas) de mayor nivel adquisitivo, que permite la construcción de vivienda protegida a un 20% mas cara que el régimen actual. Esta medida, básicamente destinada a estirar y aprovechar un tramo de población con mayor nivel adquisitivo, puede fácilmente tirar hacia arriba de los precios de la vivienda protegida, a la vez que desvalorizar mas aún la construcción de VPO destinadas a rentas medias (bajas). Eso, además de generar nuevos productos financieros en un mercado de la vivienda sobresaturado por el endeudamiento.
El articulado del plan, es fundamentalmente una batería de subvenciones, mecanismos financieros y de compensación, que no incluye en ninguno de sus puntos la penalización de practicas especulativas, la protección del derecho a la vivienda, o elementos que permitan sacar a la luz el mercado de inmuebles vacíos.
En este sentido, el paquete de medidas parece destinado a agilizar las condiciones y el ritmo de las diferentes fases de construcción, amortización, compra-venta o alquiler, del mercado; y aprovechar aún mas la fragmentación de la población en cuanto a nivel de vida e ingresos. A pesar de la insistencia en la nueva cultura de la vivienda en referencia al fomento del alquiler, el texto solo le dedica un capítulo de dos artículos, mientras el grueso del plan se reparte entre el fomento de la nueva construcción, la compra-venta y la urbanización de suelo para vivienda libre o protegida.
La continuidad de la política de vivienda
Estas medidas mantienen la continuidad respecto a la propia lógica implementada durante las legislaturas de Felipe Gonzalez y desarrollada por el propio gobierno de Aznar. Su lógica considera básicamente que el alza brutal de de precios se debe a la escasez de suelo y vivienda nueva, unida a una demanda creciente, y que la solución reside en la liberación de suelo para nueva construcción, para satisfacer la demanda y rebajar los precios.
Así, a parte del peso del mercado residencial, el fomento de la nueva construcción y con el de la compra-venta de suelo, es el eje sobre el que bascula toda la legislación actual y la segunda pata del mercado inmobiliario.
Si tenemos en cuenta que los costes laborales y materiales han subido un escaso 3% en los últimos años, y que la negociación del suelo es el principal activo financiero de los Ayuntamientos, su mercantilización es en algunos casos incluso el primer factor a tener en cuenta para entender el crecimiento desorbitado de los precios.
Si nos fijamos en el caso de URBIS, la promotora controlada por Banesto y ACS, las plusvalías generadas en el 2004 a partir de "terrenos y solares", 945 millones de euros, superaba con creces los 265 millones de euros conseguidos a partir de las "promociones en curso o terminadas". Según una noticia publicada por el La gaceta de los negocios el pasado 29 de octubre, la empresa tiene asegurado el crecimiento económico hasta el año 2008, gracias al banco de suelo del que dispone.
La influencia política del sector inmobiliario
La crisis del ladrillo, que afectó al Parlamento de Madrid, y que hoy parece olvidada, puso en su momento definitivamente sobre la mesa, el verdadero poder que se esconde detrás del sector, que en el nivel municipal es quizás el sujeto político principal que señala el desarrollo de las políticas urbanísticas.
La rapidez con la que el gobierno se ha plegado en este caso a las demandas de los promotores, renunciando a los pocos elementos mas o menos progresivos que pudiera tener su propuesta, demuestra que hace tiempo que el lobby del ladrillo superó esos límites.
Estamos pués, ante un sector, en el que se mezclan numerosos actores e intereses, y que no puede medirse tan solo como un porcentaje del PIB, sino por su peso político que es una auténtica losa.
Fuente de Información: www.rebelion.org
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