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Resumen de Prensa sobre el sector Inmobiliario |
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(Mayo 2005)
Resumen de Prensa del 16 al 20 de Mayo de 2005
VIVIENDA Y POLíTICA DE CIUDADES
por ÁLVARO CUESTA MARTÍNEZ
En este primer año, el Gobierno socialista ha sido coherente con su idea de considerar una prioridad la política de vivienda, no sólo destinando un Ministerio a esos menesteres, sino también aprobando un conjunto de medidas que ya están surtiendo efectos. Resalta la puesta en marcha de un Plan de Choque para facilitar el acceso a la vivienda y las operaciones de liberación de millones de metros de suelo público que permitirán la construcción de 28.000 viviendas protegidas, cambiando la estructura, la dotación y el entorno de importantes ciudades españolas tales como Madrid, Guadalajara, Bilbao, Zaragoza, San Sebastián, Mieres o A Coruña. Con su política, el Gobierno ha otorgado ayudas a 160.000 personas para facilitar el acceso a una primera residencia, desde su toma de posesión hasta hoy, lo que supone un incremento del 40% respecto a las concedidas por el anterior Ejecutivo en el año 2003. Las actuaciones relacionadas con el mercado del alquiler se multiplicaron por nueve. Los Presupuestos Generales del Estado para el año 2005 destinan a vivienda un 32% más que lo que hacía el anterior Gobierno. Por su singularidad, se destaca la aprobación de la llamada 'operación Campamento', en Madrid, y un conjunto de medidas de fomento del alquiler, en especial la constitución de la Sociedad Pública del Alquiler.
El Ministerio de la Vivienda debe ser el Ministerio de las Ciudades. El PSOE viene proponiendo la necesidad de asignar el tema del desarrollo urbano y de la coordinación transversal de las políticas con impacto en las ciudades a un órgano directivo político-administrativo en el seno del Gobierno. Resulta fundamental conformar una Comisión Interministerial para coordinar las políticas de impacto urbano, constituir el observatorio urbano y la conferencia de ciudades contempladas en la Ley de Medidas para la Modernización del Gobierno Local. Es necesario impulsar la política de cooperación con las comunidades autónomas y los ayuntamientos en la ordenación del territorio, el urbanismo y la vivienda, desarrollando una estrategia territorial española.
Debemos aumentar las competencias en materia de vivienda de los ayuntamientos. Las ciudades han de adquirir un mayor peso en la vivienda como un requisito de modernidad y de respuesta social a los problemas de la ciudadanía. Los ayuntamientos deben adquirir un protagonismo en la promoción de patrimonios municipales de suelo y deben obtener un status competencial sólido no sólo en la legislación básica del Estado sino también en la asignación de competencias que los estatutos de autonomía contemplen. El viejo centralismo no puede ser sustituido por un nuevo centralismo en las comunidades autónomas.
Pero de nada vale ayuntamientos más competentes si no se ponen en marcha un conjunto de medidas que garanticen la financiación local y la reforma de la legislación del suelo. Es preciso defender medidas de financiación local a favor de las políticas de promoción del patrimonio público municipal de suelo tales como líneas de crédito blando a favor de los ayuntamientos en las operaciones de adquisición de suelo, o reformas que hagan que los recursos que liberen los ayuntamientos para adquisición de suelo público y políticas de vivienda no sean computables en las ratios financieras que contempla la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que se aplican a la tutela financiera de los ayuntamientos en materia de endeudamiento. Parece esencial cambiar el régimen de valoraciones, modificar la legislación del 98, aumentar el porcentaje de suelo cedido a los ayuntamientos proveniente del aprovechamiento medio urbanístico y corregir la agresión a la autonomía local que significó el Real Decreto 4/2000, reponiendo a los ayuntamientos sus competencias sobre clasificación de suelos no urbanizables para preservarlos de desarrollos urbanísticos y para que sea el Gobierno Local quién pueda elaborar estrategias para hacer ciudad de forma racional. Por último, algunas ciudades deben abandonar prácticas especulativas de venta de derechos urbanísticos y de suelo para financiar deuda, gasto corriente o inversiones distintas a la de la vivienda. En su día el Tribunal Supremo condenó la práctica del ayuntamiento de Oviedo, o del de Madrid, ordenando la reinversión en conservación y ampliación de patrimonio municipal de suelo del importe de las enajenaciones de terrenos públicos.
Álvaro Cuesta Martínez, secretario de Política Municipal y Libertades Públicas en la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE.
Fuente de Información: EL MUNDO.ES. SUPLEMENTO "SU VIVIENDA"
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